Facturas y Fracturas

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Pedro Vera
Jueves, 11 de Abril de 2013 18:00
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De entre la confusión que nos rodea cabe destacar ejemplos del modus operandi de quien detenta el poder. Centrémonos en uno de ellos. El informe Global Trends 2030 publicado hace unos meses por el gobierno de Estados Unidos prevé que ese país se convertirá en un gran exportador energético y suspenderá sus importaciones de crudo gracias a la explotación de sus reservas de gas y petróleo con la nueva tecnología de fractura hidráulica o fracking, que permite aumentar su extracción introduciendo agua a presión con arena en el sustrato rocoso a profundidades de hasta cinco kilómetros.

Pero como siempre hay un pero, existe una gran alarma sobre el impacto medioambiental del fracking dado que, según un informe del Comité de Energía y Comercio de ese mismo país, además de un enorme caudal de agua, se inyectan alrededor de 750 compuestos químicos distintos de los cuales cerca de 650 contienen elementos considerados cancerígenos o contaminantes. De hecho, aunque en Europa no existe una regulación específica, la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria de su Parlamento concluía ya en 2011 que se podían producir emisiones incontroladas de contaminantes a la atmósfera y a los acuíferos subterráneos, líquidos de fracturación y aguas residuales.

Sin duda en España se está librando una batalla para ganarse a la opinión pública a favor del fracking pese a su impacto sobre el medioambiente y la salud de los ciudadanos. Para ello se utilizan a científicos y a medios de comunicación, incluso entre los críticos con las políticas neoliberales del Gobierno, todos ellos "expertos", que justifican los riesgos con un solo argumento: nuestro país importa el 99,5% de los hidrocarburos que consume y ello cuesta 45.000 millones de euros al año. El interés de las grandes empresas energéticas se ha hecho notar de inmediato, dispuestas a realizar cuantiosas inversiones. Y así, el Ministerio de Industria ha decidido legalizar el fracking aprobando un anteproyecto de ley que incluye un procedimiento de evaluación de impacto ambiental, convirtiéndolo sólo 15 días después en proyecto de ley e iniciando su tramitación.

Como respuesta, muchos ayuntamientos han enviado escritos al ministro de Industria, preocupados por el impacto que el fracking tendrá en el medioambiente local y en la salud de sus vecinos, y éste les ha contestado que su ministerio considera que debe ser permitido si se cumplen las medidas de protección establecidas, añadiendo que las empresas extractoras suscribirán seguros de responsabilidad civil para hacer frente a eventuales incidentes. Una decisión poco tranquilizadora para quienes nos encontramos ante una política de hechos consumados a la vez que ante el "falso dilema" de la doble factura a pagar, la de los miles de millones de euros y también la de nuestra seguridad y la de nuestros hijos.

 

(Artículo publicado por el diario Levante El Mercantil Valenciano el pasado 7 de abril de 2013)